La Inquisición y las herejías forman una de las páginas más polémicas y comentadas de la historia de la Iglesia y de Europa. Durante siglos, distintos tribunales eclesiásticos y civiles se encargaron de perseguir y castigar a quienes se apartaban de la ortodoxia, mezclando motivaciones religiosas, políticas, sociales y económicas. No fue un fenómeno uniforme: hubo una Inquisición medieval, otra española, reformas en la Edad Moderna y cambios profundos en su forma de actuar.
Lejos de ser un bloque monolítico, la Inquisición fue cambiando de objetivos, métodos y alcance según la época y el territorio. Desde la lucha medieval contra el catarismo hasta la obsesión moderna por controlar a conversos, moriscos, protestantes o libros “peligrosos”, el Santo Oficio dejó miles de procesos, hogueras, censuras y también una enorme literatura polémica. Entenderla exige mirarla en contexto, sin blanquear sus abusos pero tampoco sin exageraciones fáciles.
Qué fue la Santa Inquisición y por qué nació
Con el nombre de Santa Inquisición o Santo Oficio se conoce al tribunal creado por la Iglesia católica para investigar y reprimir la herejía y otras desviaciones doctrinales. Desde el siglo XIII se fue articulando un sistema que combinaba penas espirituales (excomunión, penitencias) y castigos temporales, aplicados por la autoridad civil, que podían llegar a la muerte en la hoguera.
Un historiador como J. Guiraud la definió como un “sistema de medidas represivas” impulsado conjuntamente por poder civil y eclesiástico para defender la ortodoxia y el orden social, ambos considerados amenazados por las doctrinas heréticas. Esta idea es clave: para la mentalidad medieval, atacar la fe oficial era también desestabilizar la comunidad política.
La Inquisición medieval surge en un contexto de proliferación de herejías y movimientos disidentes en los siglos XII y XIII. En un primer momento, obispos y teólogos respondieron con predicación, debates públicos y condenas conciliares, pero pronto se pasó a una persecución organizada y permanente, con jueces especializados llamados inquisidores.
En 1184, la constitución Ad abolendam del papa Lucio III marcó un punto de partida: se exhortaba a los obispos a buscar activamente a los herejes, en vez de esperar denuncias espontáneas. Poco después, el IV Concilio de Letrán (1215) convirtió en obligatoria la persecución de la herejía, e impuso sanciones a quienes se negaran a colaborar, incluidos señores laicos.
La Inquisición medieval: contexto, herejías y expansión
Las grandes herejías medievales no eran simples discrepancias teológicas sin consecuencias. En muchas zonas se convirtieron en movimientos de masas que cuestionaban estructuras sociales, autoridad eclesiástica y prácticas sacramentales. Entre las corrientes más influyentes estuvieron el catarismo (o albigensismo) y el valdismo, emparentados con tradiciones gnósticas y maniqueas.
El catarismo mezclaba elementos del cristianismo con una visión fuertemente dualista del mundo: lo espiritual era bueno, lo material, malo. El cuerpo se veía casi como una cárcel del alma, y la procreación se consideraba algo negativo, porque implicaba “encerrar” a más almas en cuerpos materiales. De ahí su rechazo al matrimonio y a tener hijos. Algo similar ocurría con doctrinas maniqueas y con los bogomilos y paulicianos en el ámbito bizantino.
En el sur de Francia y el norte de Italia, cátaros y valdenses lograron un peso social considerable, con apoyos entre la nobleza local. Algunos estudios calculan que en ciertas ciudades del mediodía francés entre un 5 y un 10 % de la población podía adherir a estas doctrinas, un porcentaje lo bastante alto como para provocar tensiones y conflictos violentos con el resto de la población.
Ante este panorama, diversos reyes y señores -Ramón V de Tolosa, Simón de Montfort, Pedro II de Aragón, Luis VIII de Francia o Federico II- aplicaron la legislación vigente contra la herejía, heredera del derecho romano, que contemplaba incluso la pena de muerte. La respuesta fue durísima: cruzadas internas, matanzas, confiscaciones y ejecuciones públicas.
La Iglesia, viendo los abusos y arbitrariedades cometidos por el brazo secular, defendió que sólo la autoridad eclesiástica podía determinar con rigor quién era realmente hereje. Así nace la llamada “Inquisición episcopal”, donde los obispos debían investigar en sus diócesis. Sin embargo, la dispersión de criterios llevó pronto a un modelo más centralizado: la “Inquisición pontificia”.
En 1231, el papa Gregorio IX dio un paso decisivo al crear una Inquisición directamente dependiente de Roma. Se enviaron dominicos y franciscanos bien formados como inquisidores con poderes supradiocesanos para organizar tribunales que actuaran sobre amplios territorios, con un procedimiento relativamente unificado.
El Sínodo de Toulouse (1229) había ya concretado medidas muy duras: se ordenaba a cada obispo nombrar sacerdotes y laicos “de reputación intachable” que, bajo juramento, debían registrar casas, cuevas y refugios en busca de herejes y de quienes los ayudasen, destruyendo cualquier escondite hallado y entregando a los sospechosos al obispo y al señor del lugar. Esta colaboración obligada entre poder religioso y civil será una constante.
En Francia meridional, la resistencia de las corrientes heréticas fue tan fuerte que la Inquisición no pudo instalarse de inmediato en Languedoc. Sólo tras la llegada de las tropas del rey en 1234 se constituyeron tribunales en Toulouse, Carcasona y Provenza. Entre 1250 y 1290, sin embargo, las condenas a muerte fueron una minoría: en torno al 1 % de las sentencias, mientras que cerca del 15 % implicaban confiscación de bienes pero también reconciliación con la Iglesia.
En la Italia comunal, la herejía valdense se entrelazó con las luchas políticas entre güelfos y gibelinos. Las ciudades gibelinas veían la Inquisición como una injerencia papal y respondían con revueltas violentas, como la que acabó con el asesinato del inquisidor Pedro de Verona en 1245. La intervención militar de Carlos de Anjou, a instancias del Papa, reconfiguró el mapa político y permitió nuevas campañas contra los herejes.
En la Corona de Aragón, la Inquisición medieval surgió de modo más improvisado, como una institución ad hoc para contener la infiltración cátara desde el sur de Francia. Aunque aquí la intensidad y estabilidad del tribunal fueron menores que en el Languedoc, también se aplicaron penas severas y confiscaciones.
Procedimientos inquisitoriales medievales
Cuando un tribunal inquisitorial llegaba a una localidad, lo primero era reclamar la cooperación de las autoridades civiles. Después se proclamaban dos documentos clave: el Edicto de Fe, que animaba a denunciar cualquier comportamiento sospechoso de herejía, y el Edicto de Gracia, que ofrecía perdón a quienes se presentaran voluntariamente a confesar sus errores durante un periodo limitado.
El papa Clemente V estableció que el inquisidor debía tener al menos cuarenta años de edad y reputación intachable en inteligencia, moralidad e integridad. Supuestamente, la idea era frenar improvisaciones y abusos, aunque en la práctica no siempre se cumplió ese ideal. Los manuales de inquisidores insistían en virtudes como rectitud, sentido de la justicia y misericordia.
Si tras el Edicto de Gracia se detectaban posibles reos, se lanzaban hasta tres amonestaciones públicas a través del párroco. Quien no se presentara se consideraba contumaz, se le excomulgaba y, si persistía, la sanción espiritual podía volverse perpetua. Para acusados considerados peligrosos, se organizaban detenciones activas.
El acusado escuchaba la imputación ante el tribunal, pero no se le mostraban las pruebas en su contra y normalmente se ocultaba la identidad de los denunciantes. Pese a ello, el reo tenía ciertos derechos: podía defenderse con un alegato, contar con abogado, apelar al obispo o al Papa, e incluso recusar al tribunal si presentaba motivos fundados. Esta posibilidad de apelación hasta Roma se usó en más de una ocasión.
El interrogatorio se celebraba ante el juez inquisidor y un grupo de hombres “buenos” (boni viri), a la vista también de algunas autoridades civiles. La confesión voluntaria era muy valorada, y al acusado se le prometía clemencia si hablaba a tiempo. La tortura, aunque asociada popularmente de forma automática a la Inquisición, se aplicaba en la etapa medieval de forma más limitada de lo que suele creerse: sólo en casos con sospechas muy fundadas y como último recurso para aclarar contradicciones.
Las penas eran bastante variadas. Además de la hoguera en los delitos más graves y obstinados, abundaban penitencias espirituales (ayunos, rezos, peregrinaciones), multas, comparecencias públicas en iglesias, confiscaciones temporales o definitivas de bienes y prisión. Cuando se dictaba pena capital, la ejecución material corría a cargo de la justicia civil, no del tribunal eclesiástico, aunque la distinción fuese más formal que real.
Con el paso del tiempo, la Inquisición medieval se fue burocratizando. Se multiplicaron formularios, cuestionarios y protocolos rígidos. La institución se convirtió en un engranaje más de la administración eclesiástica, perdiendo dinamismo y, en buena medida, sentido tras la desaparición de los grandes movimientos heréticos. Hacia el siglo XIV su actividad se redujo de forma notable y quedó casi como algo residual en muchas regiones.
La Inquisición moderna: del Santo Oficio romano al modelo español
En la transición a la Edad Moderna, el fenómeno inquisitorial dio un giro. Por un lado, la Iglesia romana reorganizó el Santo Oficio para hacer frente a la Reforma protestante y otros desafíos intelectuales. En 1542, el papa Paulo III creó la Congregación de la Inquisición como tribunal supremo para casos de herejía, con sede en Roma, que acabaría conociéndose como Santo Oficio.
Este Santo Oficio romano, además de vigilante de la fe, asumió pronto competencias sobre moral y costumbres. En los siglos XVI y XVII fue especialmente activo, aunque el caso más famoso, el de Galileo Galilei, relacionado con las teorías físicas de Galileo, no encaja del todo en el tópico: su condena no fue por herejía estricta sino por desobedecer una orden previa del tribunal. La pena -arresto domiciliario- fue relativamente moderada en comparación con otras.
La Inquisición también se extendió a los territorios de ultramar. En la India portuguesa, particularmente en Goa, funcionó entre 1560 y 1812, con intervenciones muy frecuentes en supuestos de brujería, supersticiones y conflictos de patronato más que en grandes debates doctrinales. Algo similar sucedió en América, donde los tribunales inquisitoriales, además de velar por la ortodoxia, servían a menudo para reforzar el control de la Corona sobre colonos y población mestiza.
En paralelo, surgió un modelo específico: la Inquisición española, muy distinta en origen y funcionamiento de la medieval. Fue el Estado, en la figura de los Reyes Católicos, quien impulsó su creación a partir de 1478, con el beneplácito pontificio pero bajo férreo control de la monarquía. Nació en Castilla y Aragón con un objetivo prioritario: vigilar a los judíos conversos sospechosos de judaizar en secreto.
Los pogromos de 1391 en ciudades como Sevilla, Toledo, Córdoba o Barcelona habían provocado conversiones forzosas masivas de judíos al cristianismo. De esas conversiones surgieron los llamados “cristianos nuevos” o conversos, que se encontraron atrapados entre dos mundos: formalmente cristianos, pero estigmatizados por los “cristianos viejos”, que desconfiaban de su sinceridad y los acusaban de seguir practicando ritos judíos en la clandestinidad.
En Sevilla, un foco especialmente tenso, las predicaciones incendiarias del dominico fray Alonso de Hojeda en la década de 1470 encendieron aún más la animadversión contra los conversos. Cuando la vía de la predicación amistosa fracasó, Isabel y Fernando optaron por una respuesta “expeditiva”: pedir al Papa autorización para establecer un tribunal inquisitorial en la ciudad. La bula de Sixto IV (1478) permitió su creación, pero los reyes esperaron dos años para aplicarla, calculando bien los tiempos.
Los primeros pasos de la Inquisición española
En 1480, llegaron a Sevilla los primeros inquisidores: Ruiz de Medina, jurista designado por la Corona, y los dominicos fray Miguel de Morillo y fray Juan de San Martín. Oficialmente su misión no se anunciaba con demasiados detalles; se hablaba genéricamente de asuntos “cumplideros al servicio real”, pero la reina Isabel ya había advertido a sus agentes de que podían producirse alborotos o fugas hacia el reino nazarí de Granada si se corría la voz.
La prudencia no evitó el pánico entre los conversos sevillanos, muchos de ellos figuras destacadas del cabildo municipal y de la vida económica. Según la tradición, un grupo de notables conversos -entre ellos Pedro Fernández Benadeva, Diego de Susán o Abolafia el Perfumado- se reunió para debatir qué hacer. Algunos defendían organizar una resistencia armada; otros, más cautos, preferían esperar. Al final optaron por aguantar y ver cómo evolucionaba la situación, pero la indecisión les salió cara.
La supuesta conspiración llegó a oídos del tribunal, al parecer gracias a la delación de la hija de Diego de Susán, que habría contado los planes a un amante cristiano viejo. Los inquisidores reaccionaron con un ardid: citaron a Benadeva al convento dominico bajo el pretexto de una negociación en nombre del rey. Cuando éste entró confiado, una señal convenida hizo que salieran hombres armados que lo apresaron en el acto. La teatralidad del arresto mostraba el poder que se pretendía ejercer.
En las semanas siguientes, otros dirigentes conversos fueron detenidos, descabezando a la comunidad. La única salida, visto el panorama, fue la huida masiva, facilitada incluso por una epidemia de peste que asoló la ciudad a comienzos de 1481. Ni siquiera la peste frenó la actividad inquisitorial: el 6 de febrero de ese año se celebró en Tablada, a las afueras de Sevilla, el primer gran auto de fe, en el que seis personas fueron quemadas por judaizar.
Trasladado temporalmente el tribunal a Aracena para escapar de la epidemia, se siguieron dictando condenas: veintitrés personas más ardieron en un auto de fe el 23 de julio de 1481. Al regresar a Sevilla, ya sin peste, el ritmo represivo se intensificó. En el tercer auto sevillano, el 21 de abril de 1481, Pedro Fernández Benadeva fue ejecutado por practicar ritos sabáticos, consumir carne de carnicería judía, permitir la entrada de rabinos en su casa y sostener ideas consideradas ateas sobre la inexistencia de otra vida.
La pena no se limitaba a la muerte. Sobre Benadeva recayeron excomunión, confiscación de todos sus bienes -incluidos esclavos y propiedades- y la entrega al brazo secular para la ejecución en la hoguera. La ciudad, lejos de escandalizarse, celebró su muerte, circulando durante años canciones populares alusivas al suceso. El miedo y el resentimiento contra los conversos se habían convertido en combustible político y social.
En 1482, desde la cárcel instalada en el castillo de Triana, los inquisidores proclamaron un edicto de gracia ofreciendo perdón a quienes confesaran en un plazo de dos meses. La prisión se llenó rápidamente de conversos sevillanos. En 1483 continuaron los autos de fe, uno de ellos con cuarenta y siete quemados en un solo día. En 1484 desfilaron por Sevilla más de un centenar de reconciliados, hombres y casi el doble de mujeres, vestidos con sambenitos camino del convento de San Pablo.
Cuando los Reyes Católicos regresaron a Sevilla en octubre de 1484, se encontraron con una ciudad empobrecida, diezmada por peste y hogueras, y con buena parte de sus élites conversas arruinadas o exiliadas. En pocos años se habían creado también tribunales en Córdoba, Jaén y Ciudad Real, todos bajo la coordinación de fray Tomás de Torquemada, nombrado primer Inquisidor General en 1483.
Víctimas, delitos y funcionamiento del Santo Oficio español
La Inquisición española se convirtió en un pilar del naciente Estado moderno: sirvió para homogenizar religiosamente el reino y reforzar la autoridad real. Sus “enemigos” prioritarios fueron cambiando con el tiempo: primero conversos judaizantes, luego moriscos, protestantes, “alumbrados”, erasmistas y, de forma transversal, cualquier forma de disidencia doctrinal o moral que incomodara al poder.
Entre los judaizantes, la represión fue feroz. En ciudades como Toledo, entre 1481 y 1530 se calcula que alrededor del 22 % de la población judeoconversa pudo ser condenada a muerte. Intelectuales como el humanista Juan Luis Vives vieron cómo su familia era llevada a la hoguera, lo que le empujó al exilio. Fray Luis de León pasó años en prisión por sospechas vinculadas al judaísmo y a traducciones bíblicas no autorizadas.
Los moriscos, descendientes de los musulmanes que permanecieron en la península tras la conquista cristiana, fueron otro objetivo prioritario. Brillantes agricultores en Granada, Valencia y zonas de Aragón, sufrieron procesos de cristianización forzada, prohibición de su lengua (árabe andalusí) y costumbres. La rebelión de las Alpujarras en el siglo XVI desencadenó una represión durísima que culminó en la expulsión general a comienzos del XVII.
En el terreno ideológico, el Santo Oficio se empleó a fondo contra el humanismo crítico y el protestantismo. La obra de Erasmo de Róterdam, muy leída en ambientes cultos españoles, pronto fue vista como peligrosa por sus críticas a los abusos eclesiásticos. Se vigiló la entrada de libros extranjeros, se multiplicaron las listas de obras prohibidas y se llegó a quemar literatura considerada inmoral o heterodoxa.
No sólo se perseguían libros religiosos. Obras como “La Celestina” o “El Lazarillo de Tormes” sufrieron expurgos, es decir, recortes y censuras parciales, mientras que autores clásicos como Ovidio, Dante o Boccaccio fueron vetados o severamente limitados. Con el tiempo, la Inquisición arremetió también contra los pensadores de la Ilustración: Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Bacon y la Enciclopedia francesa fueron prohibidos.
En materia científica, la actitud fue más ambigua. Al principio, la censura fue menos intensa, en parte por desconocimiento y por la escasa producción científica local de alto impacto. Algunas obras de Copérnico o Galileo circularon con correcciones o notas precautorias más que con prohibiciones totales. Aun así, cualquier tesis que chocara abiertamente con la interpretación bíblica oficial podía acabar en el Índice.
Hubo también un conjunto de delitos relacionados con la sexualidad y el esoterismo que la Inquisición castigó, aunque en general con menor severidad que las herejías. Entraban aquí la bigamia, la sodomía, el bestialismo, la negación de la necesidad del matrimonio para las relaciones sexuales o las llamadas “solicitaciones de confesionario”, es decir, los intentos de algunos sacerdotes de obtener favores sexuales aprovechando el sacramento. En estos casos la hoguera era poco frecuente.
La brujería y las supersticiones, muy ligadas a la cultura popular y a prácticas curanderas, tuvieron un tratamiento relativamente moderado si se las comparaba con la Europa protestante, donde caza de brujas y ejecuciones masivas fueron más habituales. En España, salvo episodios como los célebres “akelarres” del País Vasco, Navarra, Galicia y los Pirineos, la Inquisición tendía a intervenir sólo cuando se consideraba que había invocaciones explícitas al demonio.
El Malleus Maleficarum y la persecución de la brujería
Uno de los textos más influyentes en el imaginario europeo sobre la brujería fue el Malleus Maleficarum (“Martillo de las brujas”), redactado en 1487 por los dominicos inquisidores Heinrich Kramer y Jacob Sprenger. Este manual, difundido masivamente durante casi tres siglos, combinaba supuestos argumentos teológicos y jurídicos para demostrar la existencia de brujas y detallar la forma de procesarlas.
El libro no sólo definía procedimientos de tortura y ejecución -siendo la hoguera el castigo habitual-, sino que destilaba una profunda misoginia. Sostenía que las mujeres, por ser “más carnales”, “menos racionales” y “de memoria débil”, eran especialmente proclives a la superstición y a la brujería. Se interpretaba incluso la creación de Eva a partir de una “costilla curva” como prueba de la imperfección femenina.
Este enfoque justificó que alrededor del 90 % de las acusadas de brujería fueran mujeres. Se las retrataba como inestables, vengativas y fácilmente seducidas por el diablo. Aunque no todas las Inquisiciones aplicaron el Malleus con la misma intensidad, su influencia conceptual fue enorme, reforzando estereotipos y violencias contra las mujeres en buena parte de Europa.
En el ámbito hispano, la Inquisición fue relativamente escéptica frente a los delirios más extremos sobre aquelarres y vuelos nocturnos, pero no dejó de usar el marco mental que asociaba brujería con debilidad femenina, credulidad y desviación moral, lo que contribuyó a marginar y estigmatizar a curanderas y practicantes de tradiciones populares.
Instrumentos de tortura y uso del tormento
Aunque el uso de la tortura no fue exclusivo ni invento de la Inquisición, su asociación con el Santo Oficio se ha vuelto casi inseparable en la memoria popular. Los instrumentos más conocidos incluyen el garrote vil, la silla inquisitorial, la doncella de hierro, el potro o banco de estiramiento, la máquina desgarra-senos, el rompecráneos, el aplasta-pulgares o el quebranta-rodillas.
El historiador José Antonio Escudero ha descrito con detalle tres métodos especialmente empleados: la garrucha, la toca y el potro. En la garrucha, se ataban las manos del acusado a la espalda, se le izaba con una soga que colgaba de una polea y, con pesos en los pies, se le dejaba colgado cierto tiempo, soltándole en ocasiones bruscamente para provocar dislocaciones. La toca consistía en atar al reo en posición inclinada, introducirle un paño en la boca y verter agua en él, provocando una angustiosa sensación de ahogo.
El potro, más tardío, sujetaba al prisionero con cuerdas alrededor del cuerpo y extremidades, y un mecanismo de tornillo permitía ir tensando progresivamente las ataduras, causando fuertes dolores musculares y articulares. El verdugo advertía al reo de que, si no decía “la verdad”, seguiría dando vueltas al torno, aumentando el tormento.
Llama la atención que el tormento no hacía distinción sistemática ni de edad ni de sexo. Hay testimonios de ancianos septuagenarios sometidos a tortura, pese a que algunas normas pedían sólo exponerlos “a la vista del tormento”. También hay casos de menores, como el de Isabel Madalena, una joven de trece años que resistió tortura y luego fue condenada a cien azotes.
Formalmente, las confesiones arrancadas bajo tormento no se consideraban válidas por sí mismas: debían ser ratificadas en las 24 horas siguientes, sin tortura, para tener valor jurídico. Los secretarios del tribunal registraban minuciosamente el desarrollo de la sesión, incluyendo quejidos y exclamaciones, con una frialdad burocrática que hoy resulta escalofriante.
El Índice de libros prohibidos y la censura
Paralelamente a la persecución de personas, la Iglesia articuló un complejo sistema de control de libros y opiniones. El Index Librorum Prohibitorum, o simplemente Índice, era la lista oficial de obras cuya lectura, edición o venta se prohibía por considerarlas contrarias a la fe o a la moral.
En él terminaron miles de títulos y autores fundamentales para el pensamiento occidental: Rousseau, Diderot, Montaigne, Hume, Pascal, Darwin, Descartes, Voltaire y muchos otros. La Sagrada Congregación del Índice, formada por especialistas, se dedicaba a leer, evaluar y decidir la suerte de cada libro: prohibición total, autorización con correcciones o simple tolerancia vigilada.
Las normas clasificaban los textos censurables en varias categorías: obras abiertamente heréticas o escritas por herejes; libros de nigromancia, astrología o supersticiones; textos lascivos o que narraran amores “dañinos a las buenas costumbres”; publicaciones sin nombre de autor o impresor ni fecha ni lugar; y escritos que atacaran la reputación de prójimos, especialmente eclesiásticos o príncipes, o que cuestionaran la jurisdicción eclesiástica.
En el ámbito de la cultura visual, también podían prohibirse pinturas, esculturas o representaciones consideradas deshonestas, así como medallas, imágenes u objetos a los que se atribuyera un supuesto poder milagroso fuera del control de la Iglesia. Era una censura que afectaba al conjunto del espacio cultural, desde el púlpito hasta la imprenta.
Autos de fe, organización interna y alcance de la represión
Los autos de fe eran ceremonias públicas en las que se leían las sentencias inquisitoriales y los condenados debían abjurar de sus errores o eran entregados al brazo secular. Se celebraban en plazas o grandes iglesias, con presencia de autoridades y abundante público, y solían preceder inmediatamente al cumplimiento de las penas, incluidas las hogueras.
En España, la cima de la estructura inquisitorial la ocupaba el Inquisidor General, nombrado por el rey y confirmado por el Papa. Presidía el Consejo de la Suprema y General Inquisición, conocido como “La Suprema”, encargado de coordinar y supervisar todos los tribunales de distrito. Sus miembros, siempre pocos, también eran designados por la Corona.
Los tribunales territoriales, cuyo número varió con el tiempo, contaban por lo general con dos inquisidores-jueces (uno jurista y otro teólogo), un procurador fiscal que redactaba acusaciones y recogía testimonios, consultores laicos que resolvían dudas procesales, calificadores expertos en teología que juzgaban la peligrosidad doctrinal de textos y expresiones, alguaciles que hacían de policía ejecutora y alcaldes de cárcel responsables del custodia y manutención de presos.
Hubo, además, toda una red de familiares de la Inquisición, colaboradores laicos que actuaban como informadores y brazo de la vigilancia cotidiana. El cargo, muy demandado, otorgaba derecho a portar armas y ciertos privilegios legales, por lo que también resultaba temido: una denuncia interesada de un familiar podía arruinar la vida de cualquiera.
Los procesos comenzaban con una denuncia o con una “pesquisa” iniciada de oficio por el tribunal. El edicto de fe obligaba en conciencia a todo buen cristiano a informar de comportamientos sospechosos. Se privilegiaban testigos cristianos con reputación intachable, y se desconfiaba de quienes tuvieran enemistad manifiesta con el acusado. La declaración de testigos femeninos sólo se tomaba en serio cuando eran varias mujeres coincidentes.
Tras la acusación formal -“la clamorosa”-, el reo era llevado a prisión y se decretaba el secuestro de sus bienes para costear el proceso y el mantenimiento. La defensa corría a cargo de un letrado designado por el propio tribunal, cuya misión real solía ser persuadir al acusado de que colaborara y confesara para aspirar a penas menores. La sentencia debía dictarse por unanimidad de los jueces; si no la había, el caso subía a La Suprema.
Las penas variaban en dureza. Hasta 1530, las condenas a muerte fueron relativamente frecuentes, llegando en ciertas etapas a afectar a alrededor del 40 % de los encausados en algunos tribunales, aunque esa proporción bajó con el tiempo hasta estabilizarse cerca del 5 %. Las penas más habituales eran la abjuración, el uso obligatorio de sambenitos, azotes públicos, destierros, galeras por varios años, multas y, casi siempre, confiscación de bienes.
En cuanto al número de víctimas, las cifras oscilan según los autores. Para el caso de España, algunos cálculos apuntan a más de 34.000 ejecuciones entre 1481 y 1788, sin contar a quienes murieron en prisión, en el tormento o arruinados por confiscaciones. Más allá del dato exacto, es evidente que el impacto social y psicológico de la institución fue enorme durante más de tres siglos.
También resultaron afectados personajes de primer orden intelectual. Giordano Bruno terminó en la hoguera; Galileo Galilei fue humillado y confinado; Copérnico vio su obra sometida a “correcciones”; y muchos otros científicos, filósofos y escritores vieron sus obras en el Índice o fueron vigilados de cerca. La Inquisición actuó como freno a la circulación de ideas en momentos claves de la historia europea.
Aunque los tribunales inquisitoriales se justificaban como defensa de la pureza de la fe y del orden social, en la práctica se convirtieron también en instrumentos de lucha política, ajuste de cuentas personales y control cultural. Reformadores protestantes, monarquías protestantes como la inglesa e incluso repúblicas y ciudades reformadas crearon o apoyaron a su vez mecanismos similares de persecución religiosa, lo que demuestra que la intolerancia no fue patrimonio exclusivo del catolicismo.
Visto desde hoy, con una sensibilidad muy distinta hacia la libertad de conciencia y de expresión, el entramado inquisitorial aparece como una institución profundamente equivocada, incompatible con los valores de dignidad, caridad y respeto que el propio cristianismo dice predicar. Con todo, para comprender por qué existió tanto tiempo hay que recordar que, durante siglos, fe y orden social se percibieron como inseparables, y muchos contemporáneos consideraron la Inquisición tan necesaria como nosotros consideramos hoy a la policía o a los tribunales penales.
